ANALISTAS SEÑALAN QUE SI SE PROMULGA LA ORDEN QUE ESTÁ EN BORRADOR, PODRÍA AFECTAR A MILLONES DE RESIDENTES LEGALES QUE HAYAN RECIBIDO CUALQUIER BENEFICIO FEDERAL, LIMITAR EL ACCESO AL CRÉDITOS IMPOSITIVOS COMO EITC E IMPEDIR LA INMIGRACIÓN DE FAMILIARES.
Si el Presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva cuyo borrador ha circulado durante las últimas tres semanas, millones de inmigrantes legales e incontables solicitantes de visas estadounidenses podrían perder beneficios e incluso ser castigados por haber recibido o poder llegar a recibir algún tipo de beneficio público federal.
Se trataría de una aplicación mucho más amplia de la que se lleva a cabo ahora y que está en los reglamentos desde 1999, en base a una ley que se aprobó a mediados de los años 90, y que prohíbe a un residente legal volverse una “carga pública”.
Pero expertos legales señalan que no está muy claro que el gobierno federal pueda aplicar el castigo máximo de deportación a personas que sean residentes legales y declarados “carga pública” a menos que sea casos muy extremos.
Es posible que si el gobierno de Donald Trump intenta hacerlo, diversos grupos consideren demandas legales al respecto, dijo Jenny Rejeske, que se encarga de temas sanitarios para el National Immigration Law Center. “El estatuto limita mucho ese castigo”, dijo la abogada.
Desde que esa ley se aprobó en los años 90, los reglamentos y tribunales han interpretado “carga pública” a aquellos inmigrantes que dependan casi totalmente de beneficios públicos durante los primeros cinco años de su residencia, o si la causa de la dependencia existía desde antes de recibir la visa.
Esa ha sido la aplicación de la ley hasta ahora, explicó Samuel Hammond, del Niskanen Center, el think tank libertario. La orden que emitiría Trump “ordenaría al DHS a rescindir los reglamentos actuales y escribir unos nuevos que aparentemente resultarían en más restricciones y la expansión del concepto de quien es una “carga pública”.
“Por ejemplo, si ellos decidieran que cualquier acceso a Medicaid te convierte en “carga pública”, lo que no es el caso hoy en día, hasta 1.4 millones de residentes permanentes serían vulnerables. Si se trata del programa SNAP (cupones de alimentos), estaríamos hablando de 890,000 residentes”, dijo Niskanen. “Nos preocupa mucho el efecto de esto”.
Pero la orden ejecutiva que circula indica que el uso de “cualquier programa federal”, incluso más allá de los cinco principales que son Medicaid, TANF, SNAP, SSI y CHIP, y muchos otros como por ejemplo Pell Grants, podrían ser utilizados contra residentes legales si accedieron a estos en los primeros cinco años de tener su green card.
“De hacerse oficial esta orden, sería un ataque más contra los inmigrantes, esta vez contra inmigrantes y residentes legales o familias que buscan reunirse”dijo Melissa Boteach, de CAP. “Creemos que estoy no solo sería una afrenta a los valores estadounidenses sino una amenaza para la salud pública y la movilidad social de vastos segmentos de nuestro país”.
A pesar de que los estudios siguen dando evidencias de que las familias inmigrantes reciben menos beneficios públicos por razones de bajos ingresos (mean tested) que las familias de ciudadanos, la orden supuestamente está destinada a combatir el “abuso” de estos beneficios por parte de inmigrantes.
Expertos que analizaron la orden indicaron que podría resultar en “cambios radicales respecto a los reglamentos actuales, ampliando la posibilidad de castigar con deportación a personas que han tenido acceso a cualquier beneficio federal y de impedir la entrada al país o la emisión de visa a personas que “podrían” convertirse en carga pública.
No obstante, las razones legales para deportar a un residente legal son “muy limitadas” en la ley original y “habría que ver cómo intentan implementarlo”, dijo Jenny Rejeske, que se encarga de temas sanitarios para el National Immigration Law Center.
Otro beneficio que podría verse afectado por la orden ejecutiva, que aún no ha sido emitida, es el llamado “Earned Income Child Credit”, un crédito impositivo para trabajadores de medianos a bajos recursos.
“El borrador explica que si una persona pide el crédito para un hijo ciudadano, el adulto debe demostrar que tiene seguro social válido”, explicó Tom Jawetz, del Centro para el Progreso Americano. “Esto será devastador y llevará a que muchos niños ciudadanos no puedan acceder a este beneficio, que ha ayudado a tantas familias a salir de la pobreza”.
En el análisis del impacto de esta posible orden colaboraron CAP, que es un grupo liberal (progresista) y el Niskanen Center, que es un grupo usualmente conservador y de ideología libertaria. Ambos coincidieron en conclusiones similares: esta orden tendría un efecto devastador en la comunidad de inmigrantes LEGALES.
Este es, por el momento, “solo un borrador” , pero los activistas afirman que han escuchado que podría salir “en los próximos días”. No fue posible corroborar esto con fuentes de la Casa Blanca.
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Fuente:La Opinion
