Inmigración. – Líderes de la agencia correccional de California, de la ciudad de Sacramento y de otras ciudades y condados del país recibieron este viernes una amenazante carta del Departamento de Justicia exigiendo su cooperación en temas migratorio so pena de perder fondos federales.
Éste es, al parecer, otro paso en la implementación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para castigar a las llamadas “jurisdicciones santuario” que, según la procuraduría de la nación, están supuestamente transgrediendo la ley federal.
Pero portavoces de algunas de estas jurisdicciones dijeron que cumplen con la letra de la ley y que las acusaciones del gobierno federal siguen siendo inexactas o “más ruido que nueces”.
Entre las jurisdicciones que recibieron la carta están el Departamento Correccional de California, el condado de Cook, y las ciudades de Sacramento, Chicago, Nueva Orleans, Philadelphia, Las Vegas, Miami, Milwaukee y Nueva York.
La carta, recibida hoy por todas ellas, les da hasta el 30 de junio para “comprobar” que cumplen con un estatuto de ley que prohíbe a cualquier entidad el restringir la información sobre estatus legal de un individuo a otra entidad.
De no recibir esa verificación, supuestamente perderán fondos para tareas policiales y de seguridad, la llamada Beca Byrne JAG, que el gobierno federal otorga a gobiernos locales cada año para suplementar fondos de seguridad y trabajo policial.
“Principios de supremacía blanca”
En un breve comunicado, una portavoz de la Junta de Correccionales Estatales y Comunitarias de California dijo que la institución recibió la carta y “la estamos revisando”.
“La Junta cumple con la ley en cuestión”, agregó, parcamente.
Kevin de Leon, presidente del senado estatal de California, respondió con más fuerza, indicando que el procurador Jeff Sessions y el gobierno de Trump están basando su política de seguridad policial “en principios de supremacía blanca, no valores estadounidenses”
“Este enfoque en los estados y ciudades más diversos va más allá de las normas constitucionales y los desafiaremos a cada paso” , alegó.
Nisha Agarwal, comisionada de Asuntos de Inmigración de la Ciudad de Nueva York dijo hoy que “desde el principio” la orden ejecutiva sobre ciudades santuario ha sido “contradictoria y problemática”.
Recordó que el gobierno de Trump hubo de retractarse de seguir publicando una lista de ciudades o condados que no cumplían con las solicitudes de aguantar en la cárcel a detenidos, más allá de su condena penal, para que ICE los fuera a recoger.
La lista resultó tener numerosos problemas y errores.
Agregó que el gobierno de Obama había enviado cartas similares a ésa y otras ciudades el pasado año para que certificaran su cumplimiento de la ley al recibir estos fondos.
“Estamos listos a pelear en tribunales y a defender a los ciudadanos”, dijo. “Además el procurador insiste en que somos ciudades que están inundadas de crimen y delincuencia gracias a los inmigrantes y eso es totalmente falso, nada de lo que dicen está siquiera en el ámbito de la realidad”.
Es de hacer notar que varias de las ciudades santuario que Trump más ha atacado, como San Francisco, no están en la lista de las que recibieron la carta.
Promesa de campaña, pero no es legal
Trump y el procurador Jeff Sessions insisten en que estas ciudades, condados y estados liberan impunemente a inmigrantes criminales causando desgracias y violencia, pero en realidad, lo que están impugnando en la práctica es la transmisión de información que estas ciudades ya hacen al enviar las huellas digitales de cualquier detenido al gobierno federal.
Muchas ciudades del país limitan el tipo de información sobre los detenidos inmigrantes que envían al gobierno federal, y tienen políticas locales que impiden compartir información sobre los detenidos, más allá de las huellas digitales.
Peter Mancina, investigador de las “ciudades santuario” para el Sindicato de Trabajadores del Servicio SEIU Local 1021, dijo que el gobierno federal está “luchando por implementar una política que se ofreció durante una campaña pero que luego es difícil aplicar en forma defendible y legal”.
“Lo que el gobierno federal quiere es que las ciudades y condados hagan algo que va más allá de lo que obliga la ley, que ofrezcan información sobre esos detenidos que la ley no obliga a entregar”, indicó.
“Lo que están haciendo es decir a su base “estamos haciendo algo”, pero lo irónico de todo es que van a castigar quitando fondos de seguridad, fondos policiales”, agregó.
El gobierno “aún no ha demostrado que ninguna de estas ciudades ha violado la ley, lo que vemos es muy poca substancia, no hay evidencias de que han violado las leyes”, apuntó Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project.
Cuando se trata del tema, Trump y Sessions siempre hablan de que las ciudades protegen y liberan a criminales, lo que éstas niegan. Las supuestas órdenes de detención que ICE envía a las cárceles locales para retener a detenidos (ICE Detainers) no es algo que esté incluido en ninguna ley, dijo Adams.
“De hecho, varios jueces ya han dicho que sería ilegal para estas ciudades detener a alguien luego que han cumplido su tiempo en la cárcel”, dijo.
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Fuente:La Opinion
