WASHINGTON.- El senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, “imploró” este jueves a la Administración Trump que cese la inminente deportación del ecuatoriano Marco Antonio Reyes Alvarez, quien en cinco días pagará con la deportación un error en sus vacaciones hace una década.
Rodeado de activistas y manifestantes frente al edificio federal “Ribicoff”, en el centro de Hartford (Connecticut), Blumenthal argumentó que Reyes Alvarez lleva dos décadas en EEUU y no puede regresar a un país donde un “brutal asesino aterroriza a su familia”.
“Imploro a esta Administración a que cese este innecesario trauma y tragedia y se comprometa con una reforma migratoria integral, y una cooperación bipartidista”, afirmó Blumenthal, quien ya ha tenido que interceder en otros casos.
“En cinco días, la Administración Trump obligará a este padre trabajador a abandonar a su esposa e hijos y abordar un avión a un país que hace dos décadas dejó de ser su hogar”, dijo Blumenthal, quien prometió hacer “todo a su alcance” para que Marco se quede en EEUU con su familia.
La deportación de Reyes Alvarez es una “decisión cruel e inadmisible” y se enmarca en una política de deportación que, según Blumenthal, está causando una “pesadilla humanitaria” para tantos inmigrantes en la misma situación.
A su oficina llegan denuncias de activistas y de los propios inmigrantes indocumentados que ahora están en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), con o sin historial criminal.
Reyes Alvarez vive en la localidad de Meridien con su esposa y tres hijos desde 1997. En 2007, fue detenido mientras tomaba unas vacaciones con su familia cerca de la frontera norte con Canadá.
Al parecer, la familia ingresó por error al lado canadiense, y las autoridades de Inmigración arrestaron a Reyes Alvarez cuando intentaba cruzar la frontera de vuelta a EEUU.
Reyes Alvarez no tiene antecedentes penales y desde el año pasado cumplió con sus citas con ICE, y lograba la suspensión de su deportación.
Es una escena que se repite casi a diario: un inmigrante indocumentado se presenta a su revisión con ICE pero no logra suspender su deportación y, por el contrario, las autoridades le exigen comprar su boleto de regreso a su país natal.
El mes pasado, un juez le dio plazo a Reyes Alvarez hasta el próximo 8 de agosto para salir del país.
Pero es el único sustento en su hogar, y su deportación augura enormes perjuicios para su familia, según los activistas, que vienen organizando protestas contra las operaciones “racistas” de ICE.
El grupo “Unidad Latina en Acción”, que organizó la protesta, dijo que “Marco no ha hecho más que mantener a su familia, establecer un futuro para sus hijos, y construir una vida pacífica en EEUU”.
“Condenamos un sistema que separa a las familias sin ningún remordimiento. Marco y su familia han vivido entre nosotros en los últimos 20 años. Es un castigo cruel e inusual separar a ésta y otras familias, cuando el único pecado que cometió Marco y muchos como él fue creer que EEUU le daría un refugio seguro”, dijo el activista Jesús Morales Sánchez.
Por cada caso de deportación de personas sin expediente criminal, ICE responde lo mismo: sólo cumplen con las leyes de inmigración, y cuando un juez da una orden de deportación final, la tarea de la agencia federal es asegurar que se cumpla.
FUENTE: LA OPINION
