WASHINGTON – Durante buen parte del año fiscal 2017, las autoridades de inmigración encarcelaron a un promedio diario de 35,929 inmigrantes indocumentados, la mayoría en cárceles privadas que, impulsadas por incentivos financieros, consiguen jugosos contratos federales sin importar su pobre historial de seguridad o inspecciones, según un análisis divulgado este miércoles.
En un informe elaborado en base a una demanda contra el gobierno federal, “Detention Watch Network” (DWN) y el “Centro para Derechos Constitucionales (CCR) ofrecen una radiografía del sistema de detención de inmigrantes en EEUU, su capacidad y población carcelaria, costo de operaciones y problemas de transparencia.
Ambos grupos consiguieron un informe detallado porque demandaron al gobierno a través del “Acta para la Libertad de Información” (FOIA, en inglés), que, salvo casos de seguridad nacional, obliga a las agencias federales a divulgar información al público.
Según el informe, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha mantenido un promedio diario de 35,929 inmigrantes indocumentados en 201 instalaciones, desde el comienzo del año fiscal 2017 en septiembre de 2016 hasta el pasado 10 de julio.
Esa cifra de detenidos no incluye a unidades familiares, ni a las mujeres detenidas en la instalación de Hutto, en Texas.
Del total de detenidos, el 73%, o 26,249, fueron trasladados a instalaciones de empresas privadas que obtienen millonarios contratos con ICE, pese a que algunas no reúnen las normas estándares de seguridad.
Así, las empresas privadas “GEO Group” y “CoreCivic” (antes conocida como la Corporación de Correcciones de EEUU), se están lucrando de la “fuerza de deportación” de la Administración Trump, cuyo objetivo es llenar los centros de detención de inmigrantes y agilizar su eventual deportación.
El aumento de los acuerdos “287g” bajo la Administración Trump, que favorecen la cooperación de las autoridades policiales locales con ICE para la persecución de inmigrantes indocumentados sólo augura un incremento en la demanda por cárceles, según sugiere el documento.
Un desglosado de gastos obtenido tras un ligitio de cuatro años, indica que esas empresas cobran al gobierno federal un precio diario de entre $30 y $168 por cada detenido, dependiendo de la instalación.
Una ley de gastos para el año fiscal 2017 estipuló que los nuevos contratos federales para centros de detención debían cumplir con las nuevas normas de detención, o ICE tendría que entregar un informe explicando por qué no reunían esos requisitos.
Sólo que tres contratos adicionales otorgados por ICE en el Condado Beaver, en Pensilvania, y los condados Tom Green y Taylor, en Texas, excluidos de un informe de mayo pasado, mantienen los estándares de detención más bajos desde 2000, lo que indica que la agencia no entregó el debido informe al Congreso, según el análisis.
Activistas de ambos grupos se quejaron de que ICE mantiene un patrón que desalienta la transparencia y rendición de cuentas que exige el propio Congreso.
En declaraciones a este diario, Mary Small, directora de políticas de “DWN”, señaló que la renovación de contratos exige que los centros de detención tengan inspecciones y cumplan con estándares de seguridad pero 159 de los 201 centros analizados “tienen contratos abiertos, sin fecha de vencimiento”.
“Algunos de los asuntos que señalamos en este informe son de interés bipartidista. Por ejemplo, ICE ya ha afrontado reclamos de que no tiene un proceso estándar para la aprobación de contratos, y eso queda claro en el texto de una ley de gastos que aprobó el Congreso en mayo”, dijo Small.
“Es atrozmente irresponsable que cerca del 80% de los contratos no tengan fecha de vencimiento… sin rendición de cuentas, y nos preocupa que el debilitamiento de la supervisión (de ICE) sumado a políticas anti-inmigrantes y a mala gestión se convierten en algo verdaderamente catastrófico” para los inmigrantes, subrayó.
Los activistas se quejaron de que ICE ha solicitado más fondos del Congreso argumentando que han subido los costos del cuidado médico de los detenidos pero, a la vez, han bajado los estándares en los centros de detención lo que ha contribuido a abusos y negligencia médica de los detenidos.
Durante el año fiscal 2017, que concluyó en septiembre pasado, las autoridades informaron de la muerte de 12 inmigrantes en varios centros de detención. En el año fiscal en curso, tres inmigrantes han fallecido en la instalación de Adelanto a cargo del “GEO Group”, y cuyo contrato vence hasta 2021.
ICE aún no ha reaccionado al informe.
Ambos grupos iniciaron un litigio en noviembre de 2013 para obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, a que divulgara documentos relacionados con las cuotas impuestas por el Congreso para el número de camas en los centros de detención.
Desde 2009, el Congreso ha aprobado leyes de gastos para el DHS que incluyen fondos para el equivalente de 34,000 detenidos a diario. Las cifras divulgadas hoy superan ese límite gracias en parte a que ICE se apoya también en cárceles locales y privadas.
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Fuente:La Opinion
