LAS PETICIONES PARA OTORGAR TPS A LOS VENEZOLANOS INDOCUMENTADOS EN EEUU HAN CAÍDO EN OÍDOS SORDOS
WASHINGTON— El gobierno de EEUU debe aprobar un “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para mitigar el deterioro de la situación en Venezuela, que ha generado una de las peores crisis migratorias en la región y que, según Naciones Unidas, podría dejar 1,7 millón de refugiados en 2018, afirmaron este lunes varios expertos.
Durante un foro en el Diálogo Interamericano, los expertos coincidieron en que la Administración Trump debe incrementar sus esfuerzos por ayudar a los venezolanos que huyen de la creciente crisis política y económica en el país sudamericano.
Venezuela ha pasado de ser uno de los principales países receptores de refugiados en la región a uno hundido por la hiperinflación, una exorbitante deuda nacional, escasez de medicinas y alimentos, corrupción y represión de disidentes, entre otros males, destacaron los expertos.
Según cálculos extraoficiales de la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), la crisis podría generar 1,7 millones de nuevos refugiados venezolanos en 2018, dijo Shannon O´Neil, subdirectora de asuntos latinoamericanos del Concejo de Relaciones Exteriores.
En marzo pasado, ACNUR solicitó $46 millones como ayuda suplementaria de los países donantes para ayudar a nueve países a enfrentar la situación de los refugiados venezolanos en la región. El gobierno de EEUU, por su parte, designó una partida de $2,5 millones para canalizar a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Organización Panamericana para la Salud (PAHO).
O´Neil enfatizó que, si bien la Administración Trump quiere reducir el número de refugiados en EEUU, ésta podría al menos ofrecer un TPS para mitigar la crisis.
Según O´Neil, hay apoyo bipartidista en el Congreso, particularmente entre legisladores de Florida, para autorizar el TPS como “mecanismo temporal” para atender la crisis humanitaria en Venezuela.
“Todas estas cosas son complicadas… pero creo que existe el espacio” para un TPS, afirmó O´Neil.
Desde agosto de 2017, legisladores demócratas y republicanos de Florida han presionado por la aprobación de un TPS para los venezolanos que han emigrado ilegalmente a EEUU, pero su reclamo no solo ha caído en oídos sordos sino que la Administración Trump ha ido desmantelando el TPS para más de 320,000 inmigrantes de Centroamérica, Africa y Asia.
El TPS es un alivio migratorio temporal que otorga EEUU para quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras “circunstancias extraordinarias” .
En declaraciones a este diario, O´Neil dijo que las sanciones impuestas a Venezuela tomarán tiempo para surtir efecto, pero los venezolanos necesitan ayuda inmediata.
“Los mecanismos que está usando este gobierno, la Administración, solo son sanciones, y éstas solo funcionan a largo plazo y muchas veces no funcionan para nada… EEUU necesita ayudar a la gente que está saliendo del país”, por ejemplo con un TPS, dijo O´Neil.
En un informe divulgado en febrero pasado, O´Neil indicó que alrededor de 500,000 personas han huido de la crisis en Venezuela en los últimos dos años, y el continuo éxodo tendrá repercusiones en los países vecinos, principalmente en Colombia.
“Tres circunstancias podrían disparar la aceleración de la emigración: un agudo deterioro en el suministro de alimentos, una epidemia, o una explosión de violencia. Cualquiera de éstas tres incrementaría aún más la posibilidad de una crisis de refugiados”, la mitad de los cuales serían niños, advirtió el documento.
Por su parte, Francisca Vigaud-Walsh, de Refugees International, consideró que los $46 millones otorgados por la comunidad internacional “apenas son una gota en el balde”, y tanto EEUU como el resto de los países deben aportar más.
La ACNUR ha dejado en claro que hay una “crisis de protección” que exige respuestas contudentes, agregó.
Dany Bahar, de la Institución Brookings, expresó optimismo de que la situación vaya a mejorar en Venezuela en el futuro inmediato, y acusó al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de utilizar la crisis humanitaria como “herramienta política”.
La crisis alimenta la narrativa del gobierno de Caracas de que “hay una guerra económica”, por las sanciones contra Venezuela, dijo Bahar, quien ha calculado que una respuesta eficaz a la crisis requerirá al menos $3,000 millones.
Las autoridades venezolanas “se benefician fuertemente (de la crisis) al colocar anuncios en televisión de que los niños están pasando hambre por (la Administración) Trump”, observó Bahar.
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Fuente:La Opinion
