Todas las posibilidades sobre el futuro de la regla de “carga pública” están sobre la mesa, incluso su cancelación.
Así lo reconoció la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) vía correo electrónico, pero es una decisión que tomaría la agencia tras un análisis de los comentarios recibidos.“A veces retiran (las agencias) la propuesta”, se afirmó. “Antes de tomar una decisión final, las agencias realizarán las revisiones correspondientes a los diversos análisis de respaldo preparados para el Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM, en inglés)”.
Los tiempos para procesar el plan no están claro, pero deben integrarse todos los comentarios y dar respuesta, lo cual se hará en el prólogo de los nuevos lineamientos, en caso de que sea modificada o se publique como originalmente se propuso, para justificar la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Durante el proceso para recibir comentarios, grupos a favor y en contra pidieron a la ciudadanía emitir su postura, como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que el 10 de diciembre –la fecha límite– instó a la gente oponerse. “Unámonos para #ProtegerALasFamilias”.
Varios congresistas demócratas enviaron cartas a la administración del presidente Donald Trump para que cancelaran la propuesta. En apoyo al plan, el Centro para Estudios de Inmigración consideró que la “carga pública” era “el mayor paso en la dirección correcta” sobre inmigrantes.Esta regulación “define como carga pública a una persona que recibe ciertos beneficios públicos por encima de determinados umbrales definidos o por más tiempo que ciertos periodos de tiempo (sic)”, explicó USCIS.
El fondo de la política es que se puede negar a cualquier extranjero un beneficio migratorio si la autoridad considera que puede representar un riesgo para las finanzas públicas, aunque USCIS afirma que su determinación considerará varios factores, incluso si pidió ayuda de seguridad médica, vivienda o alimentación.
