El cierre parcial del Gobierno federal entra este lunes en su segunda semana sin expectativas de acuerdo.
El presidente, Donald Trump, sigue presionando al Congreso a través de la red social Twitter para que apruebe un presupuesto de 5.000 millones de dólares en seguridad fronteriza con el que construir su muro fronterizo, pero los demócratas sólo están dispuestos a conceder 1.300 millones (la misma cifra que el año pasado).
Este conflicto (que gira ya incluso sobre si el muro será de cemento o transparente) ha tomado como rehenes a decenas de miles de trabajadores federales, enviados a casa sin sueldo, pero también a cientos de indocumentados que han esperado durante años su cita ante una corte inmigración y ahora vuelven a caer en el limbo por un tiempo indeterminado. Las cortes de inmigración acumulan un retraso de 810.000 casos, a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia (de quien dependen estas cortes) ha decidido reactivar, según el último recuento de la Universidad de Syracuse.
El cierre parcial del Gobierno está empeorando esta situación: los jueces con casos en los que los indocumentados están bajo arresto siguen trabajando aunque sin sueldo, pero el resto de funcionarios ha sido enviado a su casa, según explica la magistrada Dana Leigh Marks, ex presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, a la cadena pública NPR. Así, los casos que debían examinarse durante estos días de cierre gubernamental quedan “pospuestos prácticamente de forma indefinida”, según la juez, que estima que se verán retrasados en algunos casos “durante años”, hasta encontrar una nueva fecha libre. ¿Cómo afecta esto a los inmigrantes? Cada mes llegan más de 60.000 indocumentados a la frontera, y decenas de miles solicitan asilo; si logran demostrar que temen por sus vidas, tienen derecho a que su caso sea examinado por un juez de inmigración, pero el colapso actual lleva a que tengan que esperar en ocasiones incluso años.
Entre tanto, construyen su vida en este país pero de forma precaria, porque en cualquier momento pueden ser expulsados. Este nuevo retraso se suma ahora para añadir más inestabilidad a su situación.“Tengo más de 4.000 casos pendientes frente a mí”, explica la juez Marks, “y cada día que no voy a la corte implica que los casos que debía examinar son introducidos con calzador en fechas posteriores”. A veces, indica la magistrada, eso significa además que los afectados pierden su derecho a determinados beneficios.
