El presidente Donald Trump está en una batalla con el Congreso para obtener recursos para aumentar la seguridad fronteriza, incluida la construcción del muro, pero su pleito ha resultado en un hecho contraproducente para su propios objetivos: la paralización de las cortes migratorias.
Esto, contrario a lo que el mandatario quiere, ha permitido a cientos de inmigrantes indocumentados eludir sus órdenes de deportación. El número va en aumento conforme continúa el cierre. Alrededor de 400 jueces de inmigración tuvieron órdenes de detener labores, reportó el Washington Post, que indicó que los únicos jueces que laboran son los que tratan casos de inmigrantes bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esto supondrá un retraso mucho mayor de esta rama del sistema judicial estadounidense, que ya registra un atasque de más de 1.1 millones de casos. Debido a que los inmigrantes no son culpables del cierre sus casos serán reprogramados, pero su nueva cita podrá ser en tres o cuatro años, indicó el Post, que destaca los complicados procesos administrativos, además de cambios en los escenarios. Aunque cada caso es particular, un ejemplo podría ser que un juez de inmigración exima a inmigrantes del riesgo de deportación si pueden demostrar que resultaría en una dificultad excepcional para un cónyuge, padre o hijo menor de edad que sea ciudadano o Residente Legal Permanente, aunque se perdería dicho beneficio si el joven cumple los 21 años de edad durante el cierre de gobierno.“Lo que distingue al cierre de Trump es que contraviene la insistencia del presidente en un sistema de inmigración más racional y eficiente, como él mismo lo define. Un presidente que ataca la ‘captura y liberación’ ahora adopta una política que garantiza la liberación indefinida”, destaca el Post, es decir, el mandatario se da “un balazo en el pie” con el cierre de tribunales.Esto también afecta a los inmigrantes, ya que hay casos que podrían ser positivos para muchos, pero deberán esperar más tiempo antes de que haya una decisión.Las cortes han tenido un papel clave en la política migratoria del mandatario, al grado de que se impuso una cuota de atender 700 casos anuales a cada juez.
