El gobierno de Donald Trump está utilizando a niños detenidos en la frontera y enviados a centros de detención como “carnada o cebo” para arrestar a padres, familiares o patrocinadores indocumentados que vayan a buscarlos, según los argumentos contenidos en una demanda de Acción de Clase interpuesta por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
Los grupos alegan que al menos 10,000 menores y familiares han sido detenidos por las autoridades de inmigración.
La totalidad de los niños incluidos en la demanda han sido enviados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).En la demanda, interpuesta entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), el Northwest Immigrant Rights Project (“NWIRP”) y un bufete de abogados de Washington DC, denuncia la existencia de un memorando interno, recientemente filtrado, donde revela la estrategia del gobierno, a pesar de que este no la reconoce como una política vigente.
Los demandantes señalan además que, incluso el gobierno reconoce explícitamente que, si se implementaran estas detenciones, esto prolongaría la detención de los miles de niños inmigrantes.
Protecciones en riesgo
La táctica oculta, además, pone en riesgo el cumplimiento de disposiciones aprobadas por el Congreso para el tratamiento de menores inmigrantes detenidos en las fronteras, entre ellos la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano.
La legislación prohíbe al gobierno la deportación de estos niños de manera automática o acelerada, y ordena que los menores sean enviados a una corte de inmigración para que sea un juez quien decida sus permanencias en Estados Unidos.
Además, un acuerdo judicial (Flores) de 1997 prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad, medida que no ha sido respetada por los últimos dos gobiernos en el esfuerzo por contener la oleada de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo.
En la demanda se señala que entre los miles de niños afectados muchos “han hecho el largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos sobreviviendo al trauma y huyendo de la violencia y la persecución en sus hogares y países de origen solo para encontrarse detenidos en la ORR”.
Cambio de postura
Durante el gobierno de Obama el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) garantizó que los padres o familiares de los niños detenidos en la frontera, y que viven en Estados Unidos, pueden reclamar la custodia de sus pequeños para que esperen en libertad la resolución de sus casos migratorios, aunque estén indocumentados en el país, excepto si tienen antecedentes criminales.
Pero la demanda señala que padres y familiares que han acudido a los centros de la ORR para reclamar a sus hijos y/o parientes, “ahora se encuentran sujetos a un proceso de selección arbitrario, sin estándares, aparentemente interminable, que además, innecesariamente los pone en mayor riesgo de ser arrestados por las autoridades federales de inmigración” para ser deportados de Estados Unidos.
Hacer uso de niños para arrestar a sus patrocinadores y mantener a los menores detenidos innecesariamente es “una abominación”, dijo Mary Bauer, subdirectora legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center y que fue citada por el Huffington Post en un artículo publicado en su página web. “Es cruel, es impactante, y es tan horrible como los otros tipos de separación familiar que hemos visto. Este no es un problema que haya sido resuelto”, agregó.
