Activistas y abogados temen que los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) intensifiquen la aplicación de la ‘Operación Streamline’, algo así como Operación Optimizar, que permite procesar masivamente a inmigrantes indocumentados a través del sistema judicial, no civil, lo que permitiría a autoridades aumentar las deportaciones.
La estrategia se implementó por primera vez en 2005, recibiendo críticas de defensores de derechos civiles y de inmigrantes, debido que se satura el sistema carcelario con personas que no son criminales, ya que cruzar la frontera ilegalmente implica una falta administrativa, aunque reingresar sin autorización es otro cantar.
La medida se aplicar en tribunales federales de la frontera con México, como en Tucson, Arizona, describió el portal law360.com, que habló de un grupo de inmigrantes que llegaron llenos de polvo a la corte, parecían que apenas habían cruzado la frontera; la jueza Leslie Bowman, les leyó sus derechos y luego, a cada uno, les preguntó si estaban de acuerdo con el proceso.
“Tengo entendido que usted no es ciudadano estadounidense y el 2 de abril de 2019, ingresó al sur de Arizona desde México sin permiso y sin pasar por un puerto de entrada. ¿Es eso cierto?”, dijo la jueza a uno.
Los acusados sin récord criminal y que ingresaron ilegalmente al país por primera vez fueron sentenciados por un tiempo mínimo de cárcel por el delito menor de “entrada ilegal” y luego fueron enviados a detención de inmigrantes para esperar los procedimientos de deportación.
Los que tienen antecedentes penales y/o reingresos como indocumentados firmaron acuerdos de culpabilidad que acordaron cumplir el plazo para el cargo de delito menor. A cambio, el fiscal desestimó su cargo por delito mayor separado por reingreso ilegal. Sus sentencias oscilaron entre los 30 días y los seis meses. Luego serán deportados.
El portal describe que así se resolvieron 72 casos en dos horas. Son los llamados juicios sumarios.
“El proceso ha suscitado preocupaciones entre los abogados y los responsables de la formulación de políticas acerca de si cada caso recibe la atención adecuada y si las personas realmente entienden los cargos en su contra”, indica el portal.
El exfiscal general Jeff Sessions ordenó en 2017 aumentar estos procesos, pero activistas temen que con el nuevo fiscal, William Barr, la “Operación Streamline” se intensifique, a fin de cumplir los objetivos migratorios del presidente Trump.