Grupos defensores de la comunidad inmigrantes alertan sobre las que serían las próximas víctimas de la política migratoria de Donald Trump.
Ante la posibilidad de perder los procesos legales interpuestos contra la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), sus beneficiarios intensifican una campaña para insistir en que son un aporte a la economía nacional y que podría ocasionar la próxima gran “separación de familias”.
“Si no logramos ganar en la corte judicial, al menos debemos ganar en la corte de opinión” pública, dijo a Efe el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado.
“Debemos decirle al pueblo estadounidense que la deportación de los beneficiarios de TPS va originar otra gran ola de separación de familias, pero esta vez los niños estadounidenses están entre las víctimas”, añadió.
Casi 280,000 niños estadounidenses tienen al menos uno de sus padres protegidos por el TPS, según un estudio reciente del Center for American Progress, y Alvarado recalca que esos niños tendrán que escoger si se separan de sus padres o salen del país para vivir en naciones de alto riesgo.
“Los votantes deben saber que estamos mandando a estos niños a un riesgo innecesario, donde están exponiendo sus vidas”, recalcó el activista.
NDLON integra la campaña nacional “Alianza TPS” en la que decenas de organizaciones trabajan para sumar el apoyo de votantes y de la opinión pública para que avalen proyectos de ley que protejan a los “tepesianos”, como se conocen a los favorecidos por este programa.
El Gobierno del presidente Donald Trump canceló de forma escalonada el beneficio para cerca de 400,000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Nepal y Sudan.
Este lunes julio vencía el plazo que la Administración federal dio a unos 50,000 inmigrantes de Haití, favorecidos desde 2010 por el beneficio migratorio, para que buscaran otra protección o salieran del país.
No obstante, dos jueces federales en California obligaron al Gobierno de Trump a extender el plazo y así los haitianos amparados por este programa están protegidos hasta el 22 de enero del próximo año.
El próximo 14 de agosto es la fecha prevista para que los demandantes expliquen porqué la decisión del Gobierno Trump está basada en argumentos racistas y como afectaría a los niños estadounidenses.
Cinco niños nacidos en Estados Unidos y nueve inmigrantes encabezan la demanda contra la suspensión del TPS que protegió a beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, y que en octubre pasado obligó al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a echar atrás las cancelaciones.
En marzo de este año otro juez federal emitió la misma orden para proteger a hondureños y nepaleses.
Alvarado confía que exabruptos, como los del presidente Trump al referirse a El Salvador y Haití como “huecos de mierda”, ayuden a los “tepesianos” a ganar el litigio, no obstante el temor es que el Ejecutivo prosiga con la batalla legal y decida recurrir al Tribunal Supremo.
El senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley que pide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extender por 18 meses el TPS de los haitianos.
El senador subrayó que “aunque le gustaría ver una solución permanente ha recibido algunos comentarios positivos de la Administración sobre una solución temporal” y por eso trabajó en esta solicitud.
Para Alvarado la petición de Rubio sin embargo deja ver el sesgo político del senador, que impulsó una petición para que venezolanos que residen en Estados Unidos fueran protegidos con el TPS, sobre lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se manifestó en contra.
“El senador Rubio sólo reconoce la violencia que le conviene, en Honduras la violencia es peor que en Venezuela pero como no le sirve políticamente, no quiere intervenir por ellos”, insiste el activista.
“Esperamos que el senador Rubio trabaje con nosotros para lograr un amparo y una legalización para todos los “tepesianos””, recalcó Alvarado.
La Cámara de Representantes tiene previsto esta semana un proyecto para otorgar el TPS a los venezolanos.
El Congreso también estudia varios proyectos que le darían legalización permanente a los “tepesianos”, la mayoría incluye a estos inmigrantes junto a los jóvenes beneficiados con la Acción Diferida (DACA).
Por su parte, la directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Teresa Tejada, advirtió que los esfuerzos se han redoblado para continuar la campaña e informar a los votantes sobre los proyectos de ley que hay en el Congreso, y que ninguno de los países favorecidos por el TPS tiene capacidad de recibir a estos niños.
“Hay miles de niños huyendo de Centroamérica por la actual situación, incluso vienen solos, y quieren exponer a miles de niños nacidos en este país a irse con sus padres, eso sería algo inmoral e inhumano”, sentenció Tejada.