El fiscal general, Jeff Sessions, anunció este lunes que el gobierno federal implementará acciones para hacer frente a las llamadas ciudades santuario, espacios que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias en la detención de personas indocumentadas.
“Estas políticas no pueden continuar. Hacen que nuestra nación sea menos segura al devolver a los criminales a la calle”, dijo Sessions desde la Casa Blanca. “Hoy urjo a los estados y autoridades locales a que cumplan con las leyes federales”, agregó al reiterar que “violan la ley federal”.
Además, reiteró que –tal como se leía en la orden ejecutiva del 25 de enero– no recibirán ayuda federal. “Desafortunadamente algunos estados y ciudades han adoptado políticas diseñadas para frustrar la detención de indocumentados” que hayan cometido crímenes, señaló.
Sessions entonces mencionó un informe del Departamento de Seguridad Nacional que reporta en una semana hubo más de 200 instancias que se negaron a “honrar las solicitudes de detención de ICE de personas acusadas de serios crímenes”, que incluyen, según Sessions, tráfico de drogas, ofensas contra menores de edad, violaciones e incluso asesinatos.
“Intentamos usar todas nuestras normas para hacer que las autoridades estatales y locales cumplan con las leyes federales”, aseguró el fiscal.
Durante sus años como senador por Alabama, Sessions fue uno de los políticos que más impulsó las políticas antiinmigrante, incluso muchas de las ideas que ahora promueve el gobierno de Trump fueron defendidas por el ahora fiscal general cuando estaba en la Cámara Alta. Se opone a cualquier reforma migratoria e incluso y a cualquier legislación que pueda conducir a los indocumetantados a una amnistía.
Recién en enero, Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba debilitar a las ciudades santuario al establecer un recorte de fondos federales a aquellas que continúen refugiando indocumentados y la publicación de un reporte público semanal de los crímenes que cometen quienes viven en esos espacios.
La ley ordenaba entonces la restauración del programa Comunidades Seguras, que fue eliminado por el presidente Barack Obama en 2014 por falta de transparencia y que funcionó –entre 2008 y 2014– como una poderosa base de datos manejada por el Departamento de Seguridad Nacional y que permitía a las policías locales establecer el estatus migratorio de cada persona al momento de su arresto. Más de 300,000 personas fueron deportadas bajo esta política, la mayoría con crímenes menores.
La norma también establece nuevas prioridades de deportación: incluye a aquellos que han sido condenados por algún crimen; quienes han sido acusados por una falta penal, aún cuando su caso no haya sido resuelto; o que hayan cometido fraude ante alguna agencia federal, abusado de algún beneficio o tengan una orden de deportación.
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Fuente:Univision
