SIN MENCIONAR LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA, EL GOBIERNO DE EL SALVADOR DICE QUE LA DECISIÓN “REAFIRMA LOS LAZOS DE AMISTAD” ENTRE LOS PAÍSES Y QUE SUS GESTIONES ANTE ESTE GOBIERNO DIERON FRUTOS.
El gobierno de El Salvador es quizá la única voz que ha puesto un giro positivo al anuncio de que Estados Unidos terminará con el Estatus Temporal de Protección para 200,000 salvadoreños, ofreciéndoles una última prórroga de 18 meses para poner “sus asuntos en orden” y regresar a su país después de más de 2 décadas.
El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores Salvadoreño, colgado en su página web, anuncia que “El Salvador recibió prórroga por 18 meses para el TPS”.
Según el comunicado, el gobierno del presidente Salvador Sanchez Cerén -del partido FMLN- considera la extensio´n como algo positivo y en ningún momento mencionan que esta extensión llevará al fin del programa.
La decisión, dice el comunicado, “constituye un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas que cuentan con dicho beneficio migratorio, al ser en ese país una importante fuerza laboral y realizar relevantes contribuciones en otros ámbitos como el económico, el cultural y el social. Asimismo, el Gobierno salvadoreño manifiesta su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos”.
Randy Jurado Ertell, autor, escritor salvadoreño y activista salvadoreño que trabajó en Los Angeles con CARECEN, entre otras agrupaciones salvadoreño-americanas, dijo que el gobierno salvadoreño “está demostrando una gran falta de sensibilidad y quieren decir que metieron un gol porque ellos pidieron una extensión, cuando en realidad les están dando una goleada y perdieron el partido”.
El gobierno de Sanchez Cerén había estado enfatizando su trabajo de “negociación” con el gobierno de Trump para lograr la extensión del programa y ahora están interpretando los hechos ocurridos como un triunfo de la misma.
Jurado, sin embargo, dijo que quizá “no entienden que la decisión es algo catastrófico y los 18 meses que vienen serán un infierno”.
“Quizá están esperando un milagro para que se pueda dar una ley de residencia”, apuntó el activista y escritor.
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Fuente:La Opinion
