SON TRES LO OBJETIVOS DE ICE EN SU ACCIONES CONTRA INDOCUMENTADOS
Como parte de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, los agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzaron un nuevo plan para detener a indocumentados y castigar a empleadores que los contratan.
A través del programa IMAGE (ICE Acuerdo Mutuo entre Gobierno y Empleadores) se busca inculcar una cultura de cumplimiento con la ley al momento de contratar a un inmigrante, explicó la dependencia a través de un documento difundido el miércoles.
Son tres las acciones que se harán durante los operativos: multar a las empresas que contraten a indocumentados, detener a los empleadores y capturar a los los indocumentados.
“(Es) una estrategia integral de cumplimiento de la ley en el lugar de trabajo enfocada a los empleadores que violan las leyes laborales”, afirmó ICE. “Esta estrategia incorpora un triple enfoque para llevar aplicar la ley en el lugar de trabajo”.
Cabe indicar que IMAGE no es un programa nuevo, pero en noviembre de 2017 hizo una actualización que busca que los empleadores cumplan con las disposiciones que ahí se establecen, lo cual incluye utilizar el sistema “E-Verify”; establecer por escrito, a través de la forma I-9, la verificación de nuevas contrataciones y firmar un acuerdo con ICE.
La estrategia es liderada por el área de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI, por sus siglas en inglés).
“HSI prioriza a los infractores que abusan y explotan a sus trabajadores, que ayudan al contrabando o tráfico de su fuerza de trabajo extranjera en los Estados Unidos, crean documentos de identidad falsos o facilitan el fraude de documentos, o crean un modelo comercial completo utilizando una fuerza laboral no autorizada”, expresó Derek Benner, director asociado de HSI. “Se da prioridad a aquellas empresas o industrias que se consideran de seguridad nacional o intereses críticos de infraestructura”.
Tras el operativo nacional en sucursales de tiendas 7-Eleven, que terminó con 21 personas detenidas, la agencia informó que se implementará una estrategia similar en cualquier sector.
“Esto es para lo que nos estamos preparando este año. Lo que verán más y más son estas inspecciones de cumplimiento a gran escala, solo para empezar”, dijo Benner a Associated Press. “A partir de ahí, veremos si estos casos justifican una postura administrativa o una investigación criminal”.
En su documento, ICE indica que cada caso será “único”, ya que dependerá de varios factores, incluyendo el nivel de cooperación de la empesa, y menciona el caso de la empresa Asplundh Tree Experts Co., en la que gerentes contrataban a personas que no tenían permisos para laborar en EEUU.
“La compañía se declaró culpable y se le ordenó pagar un fallo de confiscación monetaria por un monto de $80 millones de dólares”, se reporta, lo cual fue confirmado en el informe emitido por el Departamento de Justicia sobre el caso de la empresa con sede en Filadelfia. “Es juicio más grande jamás emitido en una investigación de cumplimiento de la ley en el lugar de trabajo”.
Desde el 1 de septiembre de 2017 a la fecha hay 114 miembros en el programa IMAGE, además de cuatro asociaciones empresariales que promueven los requisitos para sus miembros; 287 miembros certificados; y 183 compañías que han firmado acuerdos y están en proceso de convertirse en miembros certificados.
Los operativos
Las acciones de “La Migra” en centros de trabajo no es un tema reciente, pero Thomas Homan, director de ICE, informó en octubre de 2017 que había más movilizaciones en esos espacios, a fin de identificar a indocumentados.
Organizaciones civiles, como “Make the Road NY”, lanzaron alertas sobre las redadas de agentes migratorios y ofrecieron consejos a los indocumentados, en caso de ser detenidos.
“Esta es una táctica de separación de familias -nada más ni nada menos- para establecer el miedo en los corazones de nuestra comunidad”, señaló Cristóbal Gutiérrez, abogado de empleo en esa asociación. “Pero también sabemos que esos trabajadores tienen derechos en este país, sin importar su estatus migratorio”.
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Fuente:La Opinion
