EXPERTOS DENUNCIAN QUE ES POLÍTICA DISCRIMINATORIA PARA NEGAR ENTRADA A INMIGRANTES POBRES
WASHINGTON— Los extranjeros usan menos ayuda pública que los estadounidenses y contribuyen a la economía pero la Administración Trump, empeñada en reducir la inmigración legal, sopesa un reglamento para negarles visas si determina que serán una “carga pública”, lo que generó este miércoles el rechazo de expertos y la comunidad inmigrante.
La propuesta de castigo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca redefinir qué extranjeros pueden o no entrar a Estados Unidos, dependiendo de si podrían convertirse en una “carga pública” al obtener beneficios financiados por los contribuyentes.
Una portavoz del DHS, Katie Waldman, dijo que “la Administración está comprometida con la aplicación de las leyes de inmigración actuales, que claramente tienen la intención de proteger al contribuyente estadounidense, al asegurar que los extranjeros quieren entrar o permanecer en EEUU son autosuficientes”.
“Los cambios propuestos asegurarían que el gobierno asume la responsabilidad por el buen manejo de los fondos de los constribuyentes, y de adjudicar las solicitudes migratorias con apego a la ley”, agregó.
El “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) ya impone requisitos para extranjeros que soliciten ingreso a EEUU, mediante una cláusula que data de 1882. Esos requisitos sobre “carga pública” aplican para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses; prometidos, familiares de residentes legales, y extranjeros con visas laborales.
El DHS quiere endurecer aún más el reglamento para disuadir la inmigración a EEUU, aunque las autoridades no dieron fecha para su publicación final.
Así, los extranjeros que quieran un ajuste de estatus migratorio o extender su estancia en EEUU, soliciten una visa de inmigrante, o piden ingresar al país, tienen que demostrar que no van a ser una “carga”, y el gobierno podría cobrar un mínimo de $10,000 a quienes presuntamente tengan más probabilidad de solicitar o recibir beneficios públicos.
El DHS definirá los tipos de beneficios públicos que se catalogarían como una “carga pública”, así como una lista de exenciones, según el documento.
Más trabas y más costos
Al solicitar visas, los extranjeros tendrían que entregar a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), una “declaración de autosuficiencia”, el formulario “I-944″, como parte de la determinación de “carga pública”.
El DHS calcula que el costo para la población que solicite ajuste migratorio y use el formulario “I-944” sería de $25.8 millones, y la cifra subiría en una década a $258,448,690. Para los que pidan una extensión de visas laborales, el costo adicional sería de entre $444,914 y $52.7 millones al año.
Quienes soliciten una extensión de su visa no inmigrante o un ajuste migratorio mediante el formulario “I-539”, también podrían tener que agregar el formulario “I-944”, con un costo extra de entre $231,318 y $27,4 millones al año.
¿Más castigos para inmigrantes pobres?
Durante la campaña de 2016, el president Donald Trump prometió “poner a EEUU de primero” (“America First”), sumándose a la narrativa de los ultraconservadores que pintan a los inmigrantes como “sanguijuelas” que viven del gobierno, “roban” empleos a los estadounidenses, y perjudican la prosperidad nacional.
De aprobarse, la propuesta afectaría previsiblemente a los cerca de 700,000 jóvenes indocumentados amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y a los más de 300,000 inmigrantes bajo el “Estatus de Protección Temporal” (TPS). También afectaría a inmigrantes de bajos recursos que califican para créditos tributarios, o que tienen hijos menores como dependientes.
Como parte del combate contra los inmigrantes indocumentados, la Administración Trump desmanteló DACA en septiembre de 2017, aunque dos dictámenes judiciales la obligaron a reactivarlo para la renovación de permisos. También comenzó la eliminación gradual del TPS, dando un período de gracia para que los “tepesianos” preparen su salida “ordenada” del país.
El borrador de la propuesta, reportada primero por el diario “The Washington Post”, tendrá un periodo de 60 días para comentarios públicos una vez que sea publicada en el diario oficial (“Federal Register”) del gobierno.
Guerra contra familias de bajos recursos
La Administración propuso esta idea en febrero pasado, pero la nueva versión es mucho más radical, afectará a las ciudades y estados, y se produce en un clima de xenofobia y creciente polarización en este país.
El reglamento podría privar a ciertos inmigrantes pobres –incluso aquellos con hijos nacidos en EEUU- de ayudas como créditos tributarios como el “Crédito Tributario por Ingresos” (EITC, en inglés), subsidios para seguro de salud, becas “Pell”, cupones de comida, y otros beneficios públicos.
Aunque el DHS no puede cuantificar el impacto del reglamento en las familias, reconoció que éste “tiene el potencial de erosionar la estabilidad familiar, y disminuir el ingreso de familias y niños”, porque muchas familias, incluso con niños nacidos en EEUU, no querrán solicitar o usar beneficios públicos.
Se calcula que hay cerca de 6 millones de niños nacidos en EEUU que viven con un padre o familiar indocumentado.
Rechazo a la propuesta
Consultados por este diario, varios expertos y activistas de la comunidad inmigrante coincidieron en que la propuesta es un sin sentido, contraproducente, y no refleja la realidad sobre el terreno.
“En realidad lo que la Administración busca es obviar al Congreso para imponer nuevas y agudas restricciones para la reunificación familiar de inmigrantes de la clase trabajadora, particularmente de México y otros países que ya son sujeto” de su hostilidad anti-inmigrante, dijo Shawn Fremstad, analista del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
“Como saben que el Congreso no va a hacer cambios radicales al sistema de visas familiares en el futuro inmediato, lo que hacen es preparar una interpretación radical (de la carga pública) para alterar las leyes de inmigración de forma discriminatoria”, argumentó Fremstad.
EEUU ha usado la cláusula de “carga pública” en el pasado para negar la entrada a refugiados judíos que huían de los nazis, a trabajadores mexicanos durante la “Gran Depresión” de 1933, a inmigrantes irlandeses y inmigrantes discapacitados, señaló.
Wendy Cervantes, analista del Centro para Leyes y Política Social (CLASP, en inglés), dijo que la propuesta es una “afrenta” para la narrativa y los valores de EEUU como nación de inmigrantes y, de aprobarse, perjudicará a las familias inmigrantes y comunidades enteras, con lo que millones de niños ciudadanos pasarán hambre y no tendrán atención médica”.
La experta destacó que sendas investigaciones de CLASP han documentado el daño que la Administración ya está haciendo a las familias inmigrantes, que no solicitan ayuda pública aunque califiquen por temor a que el gobierno les niegue la residencia permanente.
Lo que “cargan” los inmigrantes
Varios estudios han demostrado que, en general, los inmigrantes no sólo usan menos beneficios públicos que los estadounidenses sino que contribuyen a las arcas del Estado.
“La Administración Trump desempolva esta idea de vez en cuando, y nada pasa. No veo indicios de que esta vez sea distinto. Los inmigrantes usan el sistema de beneficencia social (Welfare) mucho menos que los nativos estadounidenses”, señaló Alex Norasteh, analista en temas migratorios del Instituto Cato.
Es decir, si algo “cargan” los inmigrantes es el peso de contribuir con sus impuestos a programas sociales, y a la jubilación y demás beneficios públicos de los trabajadores estadounidenses, señalan expertos.
Un informe de 2013 de CATO indicó que, si bien es cierto que los inmigrantes comienzan ganando menos, a través del tiempo mejoran sus salarios y contribuyen a la productividad económica del país.
Para el abogado de inmigración, José Pertierra, la propuesta es parte de la meta de “excluir de Estados Unidos a inmigrantes que vienen de la clase trabajadora, para favorecer solamente a los adinerados”.
Si Trump implementa más cambios migratorios, “no sé quién le trabajará en sus campos de golf y sus restaurantes. O quien le cambiará los pañales a los hijos de Eric, Donald Jr. e Ivanka, o quién le cambiará los pañales al propio Trump cuando envejezca más… excluir a inmigrantes de la clase trabajadora es clasista, racista y contraproducente”, advirtió Pertierra.
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Fuente:La Opinion
