LA PROPUESTA ES PARTE DEL PROYECTO DE “CARGA PÚBLICA” DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL
El sábado pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer las reglas para aplicar la política de “carga pública”, que busca condicionar beneficios migratorios a los extranjeros que hayan pedido alguna ayuda del gobierno federal, como vales de comidad y servicio médico.
La iniciativa, que activistas califican como un castigo a la pobreza, contempla varios aspectos para considera a inmigrantes como “admisibles” para el país, pero destaca la necesidad de proporcionar evidencia de su estado financiero.
Es decir, los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considerarán sus historiales crediticios y puntajes de crédito, destacó Market Watch.
Esta iniciativa, que actualmente enfrenta comentarios públicos aplicará a quienes apliquen por la Residencia Legal Permanente, a quienes busquen retirar la condicionante a su “green card” y aquellos que pretendan obtener la ciudadanía.
“Los informes y puntajes de crédito pueden revelar información sobre el historial de pago de facturas de una persona, deuda actual, historial de trabajo y residencia, demandas o arrestos y bancarrotas en los EEUU, así como si esa persona es o no autosuficiente”, destaca Market Watch sobre lo establecidos en la propuesta.
USCIS consideraría que un puntaje crediticio “bueno” es “un factor positivo, ya que demuestra que un solicitante puede mantenerse a sí mismo y a sus dependientes asumiendo que todos los demás registros financieros son suficientes”.
Los puntajes crediticios varían de una empresa a otra, como FICO o CreditKarma, pero oscilan entre 300 y 850 puntos. El artículo del portal especializado en finanzas y economía destaca que un prestamista por lo general considera a una persona con un “buen” puntaje, si es entre 670 y 739 puntos.
El abogado de inmigración Matt Cameron consideró la nueva política como alarmante y consideró que la revisión del historial crediticio “nos llevará a lugares muy malos”, además de indicar que algunos inmigrantes de primera generación necesitarían ayuda en alimentación, por ejemplo.
“Crecí en vivienda pública, no sé lo que mis padres hubieran hecho sin eso”, dijo. “Obligar a los inmigrantes a decidir entre una ‘tarjeta verde’ en el futuro o cuidar a sus hijos en este momento es realmente cruel”.
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Fuente:La opinion
