Las tres demandas colectivas entabladas a nombre de las familias que fueron separadas en la frontera están próximas a resolverse tras la presentación hoy de un plan formal ante la corte del sur de California bajo el cual el Gobierno deberá reconsiderar cientos de solicitudes de asilo.
El acuerdo alcanzado entre la Administración del presidente Donald Trump y los abogados que representan a los tres litigios, requerirá aún la aprobación final del juez Dana Sabraw, quien ya insinuó anteriormente su intención de hacer lo propio.
Este pacto beneficiará a las familias que ingresaron al país antes del 26 de junio, fecha en que se impuso un mandato judicial para reunificar a quienes se vieron afectados en gran medida por la implementación de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular.
De firmarla el juez federal, los integrantes de la demanda colectiva no podrían “buscar cualquier interdicto, declaratoria o alivio relacionado con inmigración o asilo” basado en las acusaciones hechas dentro de las tres demandas judiciales, precisa el documento.
En cambio, el Gobierno de Estados Unidos deberá dar una nueva oportunidad para que los inmigrantes afectados busquen asilo u otra protección contra la deportación.
Los padres o niños que opten por renunciar a su derecho de reunificación y ser repatriados voluntariamente a sus países bajo el acuerdo podrán hacerlo.
Los padres con una orden de deportación, ya sea aquellos que se encuentren en libertad o aquellos aún recluidos en algún centro de detención, tendrán una nueva entrevista ante oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quienes determinarán si existe “miedo creíble” de persecución.
En el caso de los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción ya sea para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio en contra del menor.
De esta forma, la solicitud de asilo de la familia será nuevamente considerada.