California y otros tres estados impugnaron el viernes las nuevas normas del gobierno de Donald Trump que prohíben otorgar la residencia permanente a muchos inmigrantes que utilizan el plan de salud Medicaid y otras prestaciones sociales para gente de escasos recursos.
Casi la mitad de la población estadounidense sería considerada una carga si se aplicaran los mismos criterios a los ciudadanos, dijo el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra.
Su demanda presentada en la corte federal de San Francisco se suma a las de Washington y otros 12 estados y las de dos condados de California. La demanda de California fue presentada además por Maine, Oregon, Pensilvania y el Distrito de Columbia.
Todas impugnan una de las medidas más enérgicas del gobierno republicano para limitar la inmigración legal. Los voceros de la Casa Blanca y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones.
Las normas que entrarían en vigencia en octubre ampliarían la gama de servicios que descalificarían a los inmigrantes del estatus legal en caso de ser considerados una “carga pública”.
Becerra dijo que familias trabajadoras de todo el país dependen de esas prestaciones que conforman la red de seguridad social. El impacto se sentiría sobre todo en California, que tiene más de 10 millones de inmigrantes. La mitad de los niños en el estado tienen un padre inmigrante.
Su demanda sostiene que la norma crea nuevos obstáculos innecesarios para los inmigrantes que quieren residir legalmente en Estados Unidos. Asimismo, los disuade de solicitar beneficios de salud, alimentación, vivienda y otros por temor a que les reste posibilidades de obtener el estatus legal.
“Esta norma cruel obligaría a padres y familias trabajadoras de todo el país a privarse por miedo de necesidades básicas, como alimentos, vivienda y atención de la salud. Esto es simplemente inaceptable”, dijo Becerra en un discurso.
