MÁS DE 600 CIUDADES Y CONDADOS “SANTUARIO” EN 33 ESTADOS BAJO LA LUPA
WASHINGTON.- Las más de 600 ciudades y condados “santuario” en 33 estados que limitan su colaboración con agentes de Inmigración en la caza de inmigrantes indocumentados podrían perder más de $870 millones en fondos federales bajo una reciente orden ejecutiva de la Administración Trump, según un análisis difundido este martes por grupos pro-inmigrantes.
El análisis, realizado conjuntamente por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), y la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), da seguimiento a otro de enero pasado que destacó que las ciudades “santuario” registran menos crímenes y mejor desempeño económico que las que no tienen políticas similares.
El pasado 25 de enero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que pidió a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) que elabore una lista de fondos destinados a las jurisdicciones “santuario”, y que los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia tomaran medidas para que éstas no pudiesen recibir buena parte de los fondos federales.
La orden ejecutiva no especificó qué tipos de fondos estarían en riesgo, pero el informe divulgado hoy calculó, estado por estado, las cantidades de cinco programas federales que en el pasado han estado bajo la mira de líderes republicanos opuestos a las ciudades “santuario”.
El estudio calculó que estarían en riesgo un total de $870,068, 698 en fondos federales.
Según el análisis, de los 33 estados potencialmente afectados por recortes en fondos federales, los que más llevarían las de perder son California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Maryland, Florida, y Massachusetts.
El documento interactivo, a cargo de Tom K. Wong, profesor de la Universidad de California en San Diego (UCSD), precisó que las cinco áreas bajo amenaza republicana en el pasado son el programa de asistencia jurídica “Edward Byrne Memorial Justice Assistance”; el de la Administración para el Desarrollo Económico; el de Asistencia Estatal para Extranjeros Criminales; el de Desarrollo Comunitario, y el de la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad.
Según el desglosado de fondos federales repartidos entre esos cinco programas, el análisis señaló que California podría perder un total de poco más de $239,5 millones, seguido por Nueva York, con $191,1 millones; Illinois, con $91,3 millones; Pensilvania, con $65,1 millones; Maryland, con $34,9 millones; Florida, con $32,2 millones, y Massachusetts, con $30,4 millones.
En cambio, Arizona podría perder unos $5,8 millones en esos cinco programas, mientras que Texas perdería unos $5,6 millones.
Aunque la Administración no ha precisado cómo definirá las jurisdicciones “santuario” al sustraer fondos, el análisis ha incluido la suma total de fondos en riesgo en cualquier sitio que tenga una jurisdicción que protege a los inmigrantes indocumentados.
Líderes republicanos del Congreso, y grupos y activistas conservadores afines, apoyan eliminar fondos a ciudades “santuario”, por considerar que los estados deben tener incentivos para colaborar en el combate contra la inmigración ilegal.
A nivel estatal, otros conservadores le siguen la pauta. En Pensilvania, por ejemplo, el senado estatal aprobó el mes pasado una iniciativa republicana para bloquear más de $1,300 millones a las ciudades “santuario” en el estado, y ésta debe ser aprobada también por la asamblea estatal.
Mientras, grupos defensores de los derechos civiles argumentan que las ciudades “santuario” tienen el derecho de proteger a todos sus residentes sin importar su estatus migratorio, y eso incremente la seguridad en las comunidades.
Ciudades como San Francisco ya han demandado al gobierno por la imposición de la orden ejecutiva, y el análisis divulgado hoy enfatizó que, pese a la amenaza de eliminar fondos a las jurisdicciones “santuario”, la Administración Trump afrontará obstáculos legales sustanciales para lograrlo.
Esto se debe en parte a que la Décima Enmienda de la Constitución prohíbe que el gobierno de Washington obligue a los gobiernos estatales a ayudar en las tareas de inmigración, que recaen exclusivamente en las autoridades federales.
Además, el Tribunal Supremo de EEUU ha dicho en el pasado que el gobierno puede condicionar los fondos federales si esas condiciones están relacionadas con el objetivo fundamental del programa afectado.
Hace cinco años, la máxima corte del país dictaminó, en un caso relacionado con “Obamacare”, que los poderes del gobierno federal tienen un límite y no puede sustraer fondos federales de forma tan significativa que doblegue a los estados.
En su primer estudio del pasado 26 de enero, Wong destacó que la tasa de criminalidad (35,5 menos delitos por cada 10,000 habitantes) es significativamente más bajo en los condados “santuario” que aquellos que no lo son.
Asimismo, ese estudio destacó el buen desempeño económico en los condados “santuario”: hogares con mayores ingresos medios ($4,353 dólares más que el resto), menos pobreza (un nivel de 2.3 % más bajo), menos dependencia de la ayuda pública, y una mayor participación en la fuerza laboral (un 5.2 % más alta).
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Fuente:La opinion
