ACUDEN A CLÍNICAS COMUNITARIAS DE MIGRACIÓN PARA SOLICITAR INFORMES DE CIUDADANÍA
Los inmigrantes indocumentados no son los únicos que tienen miedo ante las redadas migratorias ocurridas esta semana. Los residentes permanentes también han suspendido viajes y tras muchos años de esperar o de posponerlo, han decidido hacerse ciudadanos.
Ramona Lozano, de 68 años de edad, venció sus propios temores y al recibir información legal adecuada por parte de expertos se dio cuenta personalmente que, a pesar de no tener dinero, puede someter su solicitud de ciudadanía estadounidense.
“No sabía que era gratis”, dijo con alivio la mujer nacida en Talpa, Zacatecas, luego de ser entrevistada por Efraín Villa, coordinador de programas de inmigración y servicios para refugiados de Caridades Católicas. “Estaba muy apurada [preocupada] por este presidente tan malo [Donald Trump]; se ve que es muy corajudo, quiere echar a todos los que tienen papeles y a los que no los tienen, y no quiere darse cuenta que los americanos no sirven para trabajar”.
Ramona y centenares de inmigrantes acudieron este domingo a una clínica comunitaria informativa en la Iglesia Santa Isabel de Boyle Heights, donde fueron auxiliados por abogados privados y de organizaciones sin fines de lucro como Caridades Católicas, Neighborhood Legal Services del Condado de Los Ángeles, El Rescate, The Legal Aid Foundation, y la Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF).
“La gente tiene que perder el miedo y conocer los servicios, porque en estos momentos el riesgo de deportación de cualquier persona es muy grande”, dijo Villa. “Esta administración [de Donald Trump] está destruyendo las vidas de las familias”.
Informó, sin embargo, que Caridades Católicas está ofreciendo servicios gratuitos a todos los estudiantes amparados por el programa DACA y peticiones familiares, sin importar si la gente recibe servicios gubernamentales como Medi-Cal, comida y SSI, o es de bajos recursos.
“Uno ya no sabe qué va a pasar”
Ramona, quien llegó a Estados Unidos en la década de 1990, indicó que no había querido hacerse ciudadana por el temor al examen en inglés, y después que quedó viuda fue a la escuela para prepararse y dejar de ser solamente residente permanente.
“Mi memoria es muy mala”, dijo. “He renovado mi tarjeta tres veces, pero ya me di cuenta que eso no me protege más; la fui a estrenar a México y me pase allá un mes de vacaciones, pero con lo que se ha visto en las pocas semanas que este señor es presidente uno ya no sabe qué va a pasar”, dijo.
De hecho, la sexagenaria contó a La Opinión que su hijo Ramiro fue deportado hace nueve años, “porque andaba en malos pasos, solamente quería andar en la calle, en la tomadera y la droga”. Hoy, ella vive con su hija María Isabel, en Los Ángeles.
Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización comunitaria El Rescate, expuso que las recientes redadas por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE) en el Sur de California, “no son nada para lo que se viene”.
“El plan de Trump y sus secuaces es superar la meta que logró Obama con la industria de deportación, que es expulsar a 3.5 millones de inmigrantes”, subrayó Sanabria. “Esas personas ya están en el registro nacional de las autoridades y son aquellos que han cometido faltas graves o felonías y están en proceso de remoción”.
Ellos serían: 220,000 individuos que solamente tienen el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS) de países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, quienes dependen de la renovación de sus tarjetas mediante una orden ejecutiva presidencial, los 750,000 beneficiarios de DACA y todos aquellos que hayan obtenido la discreción administrativa, a los cuales se les congeló la remoción por parte de ICE, debido a que tienen hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Cancela viaje a El Salvador por miedo
Por su parte, René Mejía, residente permanente nacido en El Salvador, comentó que canceló el viaje que tenía proyectado para este mes, como consecuencia de las nuevas políticas migratorias de la Administración Trump.
“Yo me vine huyendo de la guerra en 1982 y aquí he hecho mi vida con mi esposa y mis seis hijos”, dijo. “No me había querido hacer ciudadano porque pensaba que estaría traicionando a mi país”.
No obstante, Mejía podría enfrentarse a problemas, ya que en alguna ocasión le fue retirada y posteriormente devuelta su tarjeta de residencia en 2007, por un asunto de violencia doméstica.
“Pero el miedo me ha hecho reaccionar”, indicó. “También debí olvidarme de la desidia”.
Para tranquilidad de René, la abogada Colleen O’Hara le indicó que, aun cuando tiene cierto tipo de condenas penales hay una manera de limpiar el record criminal con el llamado “vacío de convicción criminal”.
¿El problema? El trámite podría costarle $3,000.
Así que Mejía dijo que deberá pensarlo bien, y ahorrar, si quiere limpiar ese récord.
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Fuente:La Opinion
