Inmigrantes que tienen Estatus Temporal de Protección (TPS) y que residen en los estados de Arizona, California y Hawaii, podrían lograr más fácilmente su estatus legal por medio de un familiar directo, luego que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que “han sido legalmente admitidos” en el país al recibir el TPS.
La decisión del Noveno Circuito, que beneficia a residentes de esos tres estados -Arizona, California, Hawaii- permitiría que la persona elegible ajuste a residencia permanente sin tener que salir del país e incurrir en años de espera.
La decisión es similar a otra ocurrida en 2013 en el sexto circuito (Tennesee, Ohio, Michigan y Kentucky) en otra demanda legal, pero esta podría beneficiar a mucha más gente, tomando en cuenta que la mayoría de los que tienen TPS son salvadoreños y que una buena parte vive en California.
En estos momentos, los únicos receptores de TPS que USCIS reconoce para ajustar sin salir del país son los de estos cuatro estados, pero la nueva decisión amplía el beneficio a una gran población de salvadoreños y hondureños que vive en el oeste del país. También hay nicaraguenses y haitianos en esta situación.
“Esta es una decisión importante para ciertas personas con TPS”; dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, el Centro para Recursos Centroamericanos. “Las personas que piensan que podrían beneficiarse deben buscar ayuda legal de inmmediato. Nosotro estamos listos a ayudar a nuestra comunidad en cualquier forma posible”.
Un panel de tres jueces del Tribunal del Noveno Circuito emitió este viernes el fallo en el caso Ramirez v. Brown, que viene siendo litigado desde que la Agencia de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) rechazó la solicitud de residencia de Jesús Ramirez, un salvadoreño que en 2013 se casó con una ciudadana de nombre Bárbara Lopez.
USCIS le negó la residencia a Ramírez porque, según la ley, no había sido “legalmente admitido” en el país, ya que entró ilegalmente.
El ajuste por medio de un esposo o esposa para una persona que entró de esa manera requieres que la persona salga del país antes de poder solicitar la residencia. Lamentablemente, una vez fuera, hay otros castigos -las llamadas barras de 3 y 10 años- por haber estado ilegalmente en Estados Unidos y la situación se complica.
Pero Ramirez demandó a USCIS en corte federal y un juez de distrito falló en su favor en 2014. El caso pasó al tribunal de apelaciones, donde ahora se decidió.
Está por verse si el gobierno apela a la Corte Suprema, lo que llevaría el caso al ámbito nacional.
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Fuente:La Opinion
