El Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, explora nuevas acciones legales contra las llamadas “ciudades santuario” para obligarlas a que ayuden a detener inmigrantes.
Un equipo especial destinado a ello está estudiando los siguientes pasos para obligar legalmente a metrópolis como Nueva York y Los Angeles, entre otras, a que sus fuerzas policiacas ayuden al plan de deportación delineado por el presidente Donald Trump en sus órdenes ejecutivas.
Hasta ahora, el primer “ataque” se dio en el intento de amenazar a las ciudades con cortarles los fondos federales, pero la intención es que la nueva acción permita una presión legal más fuerte, indicaron fuentes relacionadas con el caso a The Wall Street Journal.
Una de las opciones, reveló un abogado del Departamento, es que alegue que las “ciudades santuario” están actuando en forma discriminatoria contra los agentes de las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y Detención y Deportación (ERO), ya que las policías locales ayudan a operativos del FBI y la DEA.
Otra opción es discutir las políticas locales de las ciudades que se adelantan a los agentes de ICE en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración.
La tercera opción sería acusar a las metrópolis de impedir a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional realizar su trabajo correctamente.
Estos y, quizá otros argumento legales, serían presentados en alguna Corte de Circuito, al considerar que tendrían mayor posibilidad de avanzar, indicó la misma fuente.
A finales de mayo, el fiscal Sessions difundió un memo donde se aclara que los recortes a las “ciudades santuario” se aplicarán a los subsidios de su Departamento.
“Se aplicará únicamente a los subsidios federales administradas por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, y no a otras fuentes de financiación federal”, indicó.
Esto luego de que la juez federal William Orrick indicara que los fondos federales a esas metrópolis que tienen programas para proteger a inmigrantes, no pueden ser retirados, porque no tienen relación con la Ley de Inmigración.
A principios de junio, el fiscal expresó el apoyo del Estado federal en la defensa de Texas por la ley SB4, que entrará en vigor el 1 de septiembre y, entre otras cosas, permitirá “la cacería” de indocumentados en el estado.
Bajo esa ley, los funcionarios de Texas y alguaciles de la policía local podrían enfrentar sanciones penales, incluyendo cárcel, si no cumplen con las solicitudes de las autoridades federales de detener a presuntos indocumentados.
FUENTE: La Opinion
