Habían pasado 10 semanas desde la última vez que Ramos tuvo en brazos a su hija de dos años, Alexa. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla nunca.
Lo que vino después , una familia de crianza logró inicialmente la custodia total de Alexa revela lo que podría ocurrir con algunos de los bebés, niños y adolescentes separados de sus familias en la frontera a principios de este año en base a una política del gobierno de Donald Trump. La iniciativa “tolerancia cero” terminó en junio, pero cientos de menores siguen detenidos, en albergues o en hogares de acogida y funcionarios estadounidenses apuntan que más de 200 no son candidatos a la reunificación o a la liberación.
Las autoridades federales insisten en que están reuniendo familias y seguirán haciéndolo. Pero una investigación de The Associated Press basada en cientos de documentos judiciales, registros migratorios y entrevistas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica destapó agujeros en el sistema que permiten que jueces estatales otorguen la custodia de niños migrantes a familias estadounidenses sin notificar a los padres.
A día de hoy, con cientos de madres y padres deportados a miles de kilómetros (millas) de distancia, el riesgo ha crecido de forma exponencial.
Los estados suelen blindar los casos de custodia y las agencias federales encargadas de los menores migrantes no monitorean la frecuencia con la que un juez estatal permite que sean entregados en adopción. Pero proporcionando el nombre del niño y su fecha de nacimiento al tribunal de distrito, testamentario o circuito implicado, a veces es posible rastrear su paradero.