La ciudad de Ottawa, capital de Canadá y de casi un millón de habitantes, ha anunciado un programa que ofrece un camino a la ciudadanía a los trabajadores de la construcción indocumentados, tratando así de combatir la escasez de obreros.
Es el último ejemplo de cómo el país vecino intenta atraer a los trabajadores cualificados rechazados en Estados Unidos, debido a la estricta política migratoria del Gobierno presidido por Donald Trump.
“Es un proyecto muy pequeño para nosotros, pero es muy importante ponerlo en marcha”, ha explicado Hassan Yussuff, responsable del programa piloto que se pondrá en marcha en Ottawa para ofrecer un camino a la ciudadanía a 500 obreros y a sus familias.
“Algunos llevan aquí más de cinco años, y sus familias han echado raíces en este país”, añadió, “tenemos que encontrar la manera de solventar su estatus”.
Ontario, la provincia canadiense (con 14 millones de habitantes) donde se encuentra Ottawa, precisará de 26.100 trabajadores de la construcción más en la próxima década, según un estudio reportado por el diario The Star.
El Gobierno canadiense lanzó otro programa piloto de este tipo en 2017, en este caso para atraer a trabajadores del sector tecnológico, con el que más de un millar de compañías han contratado a 4.000 empleados en los dos últimos años. En marzo, el Gobierno anunció que convertiría esta iniciativa en permanente.
Un par de meses antes, en enero, el Congreso canadiense anunció un plan para conceder la residencia permanente a más un millón de inmigrantes durante los próximos tres años.
Así, Canadá, que tiene 37 millones de habitantes, planea admitir a 331.000 inmigrantes en 2019, 341.000 en 2020 y 350.000 en 2021. La mayoría serían trabajadores, pero también habría reunificaciones familiares (cerca de 100.000 al año) y refugiados (alrededor de 60.000 al año). En 2017, Canadá admitió a 286.479 residentes permanentes, la mayoría de ellos trabajadores, y sobre todo en las provincias de Ontario y Quebec.
“Cada vez más, los profesionales internacionales con talento eligen otros destinos en lugar de Estados Unidos”, indicó Marketa Lindt, presidenta de la Asociación estadounidense de Abogados de Migración, en una comparecencia hace dos semanas ante la Cámara de Representantes.
Su organización denuncia que los tiempos de procesamiento de visados laborales por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) se han incrementado un 46% entre 2016 y 2018.
Además, el Gobierno presidido por Donald Trump denegó el 24% de las peticiones para visados H-1B, frente al 6% rechazadas en 2015, según un análisis de la organización National Foundation for American Policy.